Por: Magdalena González

CDMX a 28 de noviembre 2018.- A escasos cuatro días de que entre en funciones el gobierno que enfrentará a los corruptos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo reta y violando la Ley de Adquisiciones va por una millonaria e ilegal licitación de dos mil 800 millones de pesos destinados a comprar tecnología chatarra.

Trabajadores del CJF califican el hecho como un acto de rapiña contra México, pero a los consejeros y al ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, quien está a días de irse, parece no importarles el atraco y en lo oscurito decidieron “licitar” este miércoles, de última hora, los contratos que afectarán el presente y el futuro de la institución.

Con toda urgencia, y con la empresa estadounidense Cisco decidida de antemano como ganadora, el área administrativa del CJF movió con engaños a supuestos postores para contratar los servicios administrados multianuales telefónicos de la Red Privada Virtual del Consejo y ejercer de inmediato mil 400 millones de pesos y comprometer una cifra similar para los años siguientes.

El negocio está hecho y al parecer alentado porque no habrá consecuencias contra los corruptos, en el CJF tratan de contratar servicios administrados tipo arrendamiento financiero en una red telefónica obsoleta a pagar en dólares hasta el 2022, cuatro años completos dentro de la nueva administración.

Luis María Aguilar y los actuales funcionarios del CJF tienen prisa por comprometer esa fortuna en telefonía chatarra antes de irse. Se les queman las habas. Tienen prisa por asestar el golpe mortal, según explicó un grupo de trabajadores del CJF quienes pidieron el anonimato.

Hace cinco meses, dijeron, se frenó el “cochinero” técnico montado para la adquisición de los servicios administrados de telefonía por razón de las denuncias que se hicieron y trascendieron a los medios de comunicación.

Entonces no invitaron a empresas fabricantes de equipo y software sino a intermediarios y distribuidores sin representación en México; el ganador se sabía de antemano.

Ahora simulan una invitación a fabricantes pero todo está dirigido para que gane la estadounidense Cisco que no cotiza ni paga impuesto en México y resultaría casi imposible seguirle la pista en caso de incumplimiento.

Sin embargo, lo más grave es que Cisco vende tecnología desfasada y obliga a pagar precios altísimos por licencias obsoletas e innecesarias en la nueva era de las plataformas abiertas.

En esa burda maquinación contra el interés de México, el CJF solicita que se integre una solución SD-WAN para la creación automática de túneles IP-SEC, lo cual es innecesario. Esa tecnología ya es obsoleta en el primer mundo.

Dependencias como el IMSS, el ISSSTE o la SHCP usan componentes que ya no requieren de esos excesos técnicos amañados que pretende imponer el CJF para favorecer intereses creados.

En esa danza millonaria está la mano de un personaje externo al CJF, Roberto García, alias “el maestro”, quien se dice muy cercano al ministro Luis María Aguilar y quien forma parte de un poderoso grupo empresarial que actúa en la sombra.

“El maestro” García, es quien manda en el CJF y a él le rinden pleitesía los directores de Tecnologías de la Información del CJF, Enrique Uribe Escamilla y Eduardo César Mendoza Ramírez, así como el secretario Ejecutivo de Administración, Miguel Francisco González Canudas.

Antes de que Luis María Aguilar deje los cargos de presidente de la SCJN y el CJF, se urde a su nombre y responsabilidad ese gran atraco.

Solo falta que clasifiquen la información por cinco años con el manido argumento de que se trata de un tema de “seguridad nacional”. Esto sería parte de los candados que pretenden poner el “maestro” y sus cómplices, aseguran los trabajadores denunciantes.

De lograr sus propósitos, el CJF incurrirá en gastos lesivos para el contribuyente pues adquirirá tecnología chatarra y se pagará por ella un elevadísimo sobre precio.

¿López Obrador o el Poder legislativo permitirán semejante atraco?

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Antecedentes de julio pasado:

Desafía el CJF a AMLO y dará

zarpazo del “año de Hidalgo”

Por: Madalena González

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por el ministro Luis María Aguilar Morales, en abierto desafío al plan de austeridad y anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, prepara un golpe multianual telefónico de dos mil 800 millones de pesos con “dados cargados” a favor de la empresa estadounidense Cisco, o la hindú Nokia.

Sin que mellen su ánimo las duras críticas recibidas por la fiebre de compra de inmuebles y los altísimos sueldos que perciben los ministros de la Corte y los consejeros del CJF, quienes son los burócratas mejor pagados del país, la opulenta dependencia del Poder Judicial Federal prepara el brutal zarpazo típico del “año de Hidalgo”.

Se trata de contratar con urgencia servicios administrados multianuales telefónicos de la Red Privada Virtual del CJF y ejercer sin licitación, o con simulación de ésta, de inicio 70 millones de USD en los dos primeros años y comprometer los dos siguientes por el doble de inversión, lo que suma dos mil 800 millones de pesos en esa operación.

Es decir, contratar servicios administrados, tipo arrendamiento financiero, con un presupuesto multimillonario de 140 millones de dólares que se ejercerá año con año hasta el 2022, cuatro años completos dentro de la siguiente administración.

Lo grave es que la compra del servicio administrado de telefonía se hace ante intermediarios a quienes se les fabrica un “traje a la medida” con requisitos a modo, pues solo empresas determinadas por el CJF pueden “satisfacer” lo exigido, violando de manera burda la ley de adquisiciones.

Cisco, por ejemplo, no vende sus productos y servicios de manera directa en México, sus operaciones las realiza a través de intermediarios. Sin embargo, por alguna razón esa empresa es la consentida en el CJF no obstante que venden productos obsoletos, con precios por encima del mercado y en esquemas técnicos totalmente rebasados.

Con documentos en poder de esta reportera y los testimonios de personas que trabajan al interior del CJF, quienes pidieron el anonimato por el riesgo que implica para su seguridad, se desprende el complejo entramado, la red de negocios turbios que allí tienen lugar, desde hace varios años, con la complacencia de las propias autoridades.

La danza de millones en servicios como la telefonía es una más de las muchas operaciones que realiza el poderoso grupo maniobrero del CJF encabezado por un extraño personaje externo conocido como “El maestro” Roberto García, quien se dice “los ojos y oídos del propio ministro Aguilar Morales”.

“El maestro” tiene como socio a Enrique Ojeda, un empresario que atiende diversos giros. Ambos son los magos de los negocios en el CJF. Por sus manos y por su “ingeniería financiera y operativa” pasan miles de millones de pesos.

Pronto “licitarán” los contratos de servicios administrados de telefonía y se hará conforme a su particular estilo: en la total oscuridad y probablemente en fin de semana, para evitar los reclamos de las empresas burladas, a quienes sólo utilizan con descaro para simular legalidad en la operación.

Al “maestro” con cariño

Al “maestro” García, puntualizan los informantes, muchos en el CJF le rinden abierta pleitesía pues es quien “reparte el pastel” producto de la rapiña. Él encarna el poder y quien se le atraviesa en su camino paga las consecuencias.

El contrato millonario que al grupo del “maestro” le urge comprometer surge de un estudio de mercado realizado para favorecer a Cisco; se pretende licitar en agosto y se trata de los Servicios Administrados y Extendidos de la Red Privada Virtual del CJF.

En ese proyecto participan los directores general y de área de Tecnologías de la Información del CJF, Enrique Uribe Escamilla y Eduardo César Mendoza Ramírez, respectivamente, así como el secretario Ejecutivo de Administración, Miguel Francisco González Canudas, todos bajo la tutela del “maestro” García.

Y a cinco meses de que el presidente de la SCJN y del CJF, Luis María Aguilar Morales deje ambos los cargos, se urde a su nombre lo que pareciera ser un enorme “cochinito” para su retiro.

Solo así se explica el “cochinero” técnico aderezado en la adquisición de los servicios administrados de telefonía donde no se invita a empresas fabricantes de equipo y software sino a simples intermediarios y distribuidores que ni siquiera tienen representación en México, pero que ya están seleccionados de antemano por el dedo del “maestro”.

¿No sería lo correcto esperar que sea la nueva administración del Poder Judicial Federal quien ejerza ese presupuesto multimillonario? Parece que no. Los actuales funcionarios tienen prisa por gastarse y comprometer esa fortuna en su propio beneficio. Todo su accionar así lo demuestra.

Las bases previas de licitación están dirigidas a que gane una empresa que no paga impuestos en México y es muy difícil seguirle la pista, pero, lo más grave es que vende tecnología ya desfasada y obliga a pagar precios altísimos por licencias obsoletas e innecesarias en la nueva era de las plataformas abiertas.

Es todo un despropósito, refieren los informantes, se trata de una burda maquinación contra el interés de México. Mañosamente, el CJF solicita que

se integre una solución SD-WAN para la creación automática de túneles IP-SEC, lo cual es innecesario. Esa tecnología es obsoleta en el primer mundo.

Dependencias como el IMSS, el ISSSTE o la SHCP usan componentes que ya no requieren de esos excesos técnicos amañados que pretende imponer el CJF solo para favorecer intereses creados.

Soluciones, soluciones

La solución para frenar el ilícito que viene es muy sencilla: que en la licitación se omita el tipo de tecnología que utilizará el proveedor de los servicios administrados de telefonía. Eso es todo. Los candados que pretenden poner son parte del plan con maña del “maestro” y sus cómplices.

De no hacerse así, con violación a la ley de adquisiciones, el CJF incurrirá en gastos excesivos con cargo al contribuyente: comprará tecnología chatarra que no se utilizará y se pagará por ello un elevado sobre precio.

Todo eso pone a las áreas de administración y de tecnologías de la información del CJF bajo abierta sospecha.

Quizá al grupo maniobrero del CJF no le importen las consecuencias de sus actos, aseguran los informantes, pues en ese territorio del Poder Judicial Federal se rigen por sus propias leyes que son los acuerdos del Consejo. Lo demás los tiene sin el menor cuidado.

A fin de garantizar las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad, es preciso que el CJF lleve a cabo, como mandata la ley, una Licitación Pública Nacional o en su defecto una invitación restringida a proveedores serios que sí operan en México como Uninet, Axtel, Alestra, Bestel, Maxcon o Total Play.

Sin embargo, eso no parece estar en la lógica del Consejo de la Judicatura Federal quien hoy está en el ojo del huracán por los excesivos ingresos de sus siete consejeros quienes perciben los salarios más elevados de todo el sector público, incluso por encima de los ministros de la SCJN.

Y en esa cúpula dorada, ya de por sí ofensiva para millones de mexicanos, los abusos e irregularidades en la asignación de contratos de compras y

servicios, sumado a la frenética adquisición de inmuebles y otros negocios burdos y groseros, ya encendieron las alarmas.

El gobierno de López Obrador, dicen las fuentes, debe saber lo que ocurre al interior del CJF donde existe, desde varios años, una danza multimillonaria que maneja un grupo bien focalizado que ha amasado inmensas fortunas al amparo de la corrupción, las componendas y las complicidades del poder.

Luis María Aguilar, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena Gonzáles Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Dasa, José Guadalupe Tafoya Hernández y Jorge Antonio Cruz Ramos, tienen en sus manos la solución ante la corrupción, los excesos y el dispendio en el gasto, pero hacen como que nada pasa en su feudo.

Muy pronto ellos, los juzgadores, serán enjuiciados. Y lo que no se vale es que clasifiquen la información por cinco años bajo el manido argumento de que se trata de un tema de “seguridad nacional”.

Eso es una burla, afirman convencidos los informantes, para nadie escapa que el fondo de todo es cubrir los complejos y muy redituables actos ilícitos al interior del Consejo.

Una negra historia del CJF

Con el sueldo más alto de toda la burocracia nacional, con 4 millones 715 mil pesos anuales que significan 392 mil 965 pesos mensuales, los siete consejeros del CJF parecieran no entender que los escándalos de corrupción en la dependencia los ubican como prospectos de cambios radicales.

Luis María Aguilar, en su larga trayectoria judicial fue, en 2007 y 2008, presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Sabe muy bien los terrenos que pisa.

No le queda pelear por los privilegios de unos cuantos cuando sus subordinados ejercen en la más completa oscuridad miles de millones de pesos de dinero público.

Los casos de corrupción en el CJF son diversos. En febrero de 2017, la PGR inició la investigación por el hallazgo de casi 4 millones de pesos en efectivo encontrados en la cajuela de un vehículo asignado al titular de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, Francisco Javier Pérez Maqueda.

El vehículo estaba estacionado en el edificio de la Judicatura Federal en la Carretera Picacho-Ajusco 170, en Jardines de la Montaña, Tlalpan. Fue un escándalo en su momento. Al asunto “se le echó tierra” y el crimen quedó impune. Durante 2015 y 2016, Pérez Maqueda adjudicó contratos de obra pública por más de 5 mil millones de pesos, algunos sin licitación, para la construcción de centros de justicia penal y palacios de justicia federal, entre otros. En el segundo semestre de 2016, la dirección a cargo de Pérez Mosqueda licitó 16 contratos para obras por casi 4 mil millones de pesos. Siete de ellos fueron adjudicados en la primera semana de diciembre. El referido funcionario asumió su lucrativo cargo en el CJF, luego de la elección de Luis María Aguilar actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo, a principios de 2015. Pérez Maqueda no era una blanca paloma. Venía de la PGR donde fungió como director de Recursos Materiales y Servicios Generales. Allí firmó un contrato de servicios tecnológicos que en su gran mayoría, no fueron proporcionados. Ese ilícito también quedó impune.

¿La mano que mece la cuna?

En el historial de Francisco Javier Pérez Maqueda llama la atención su cercanía con el presidente de la SCJN y el CJF; eran vecinos en un conjunto habitacional en San Jerónimo Lídice, donde ambos vivían. Sin embargo, tras el escándalo de los millones en el auto, el gran amigo no pudo sostener en su cargo a Pérez Maqueda. Tuvo que renunciar para evitar daños mayores. La mafia interna lo echó a pesar de tan poderoso padrino.

El dato es que, quien denunció a Pérez Maqueda ante la PGR, fue Miguel Francisco González Canudas, entonces director jurídico del Consejo, pero quien ahora es el responsable técnico de administración en el CJF y tiene que ver con la asignación de los diversos contratos de obras y servicios.

Todo un caso de intrigas, golpes y corrupción de altos vuelos en la cúpula de la burocracia dorada.

También es conocido el caso de los hermanos María Eugenia, Carmen y Jorge Name Sierra, quienes saltaron a la fama porque le vendieron al CJF el inmueble de Avenida Revolución 1884 en 20 millones de dólares, al parecer con un evidente sobreprecio.

Los hermanos, refieren los informantes, e manera gansteril utilizan la violencia para desalojar a inquilinos del inmueble vendido al CJF y quienes tenían contratos vigentes a la hora de la enajenación de la propiedad.

Estos tres casos referidos son apenas un botón de muestra de los cochupos, los abusos e ilícitos que se dan alrededor de los contratos de obras y servicios en los terrenos del Poder Judicial de la Federación, donde es urgente, dicen los informantes, que entren escoba y detergente para limpiar ese pantano.

Hoy la SCJN y el CJF están enfrentados con AMLO por el tema de los elevadísimos salarios de sus integrantes. ¿La lucha contra la corrupción del próximo presidente generará una lucha de gigantes entre poderes?

¿Nada evitará en el Consejo de la Judicatura Federal el “año de Hidalgo” conocida fórmula de vaciar las arcas en el último año de una administración? Lo grave es que pretenden extenderlo hasta el 2022.

La corrupción en el CJF ya tocó fondo, afirman los informantes. El contrato de servicios administrados de telefonía que están por asignar amañadamente a una empresa que se esconde entre distribuidores a modo, es un descarado asalto a la nación y alguien debe impedirlo.

Aquí, aseguran enfáticos, se encuentra el reto más importante para el Estado: visibilizar el combate a la inmoralidad y la corrupción que destroza el

tejido social y remarca la desigualdad. No es posible que en el Poder que aplica la ley, ésta se viole de manera tan impune.

¿Le entrará el Poder Judicial de la Federación al reto de honestidad y austeridad republicana planteado por López Obrador?

Los trabajadores del CJF, indignados por los abusos, ya dieron el primer paso.

 

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