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noviembre 14, 2018
Medio Ambiente y Salud

El Muro de Madrid

La movilidad urbana es una necesidad para millones de ciudadanos que necesitan desplazarse para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos, sanitarios o de cualquier tipo, no un capricho burgués. Por eso tampoco debe ser un capricho ideológico para el gobierno municipal de la capital. Y siendo un asunto que ha de abordarse desde el sentido común y el diálogo con las partes y sectores afectados, se ha convertido en un ámbito más de la disputa política, que es precisamente lo que nunca debió ocurrir. Sin embargo, las medidas unilaterales ideologizadas e improvisadas del Ayuntamiento de Madrid en esta materia han obligado a las instituciones y a las fuerzas políticas a reaccionar entrando en una batalla política, mediática y judicial inevitable en defensa de los derechos de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid ha convertido la movilidad en un banco de pruebas ideológico en el que experimentar una suerte de medidas imaginativas desprovistas de todo consenso y de toda base práctica o técnica que acrediten su presunta eficacia. Movilidad es y debe ser libertad de movimiento, no bloqueo e inmovilidad, como suponen planes como Madrid Central.

Hace ya dos años, en octubre de 2016, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón decidió demandar los protocolos anticontaminación –aunque sería mejor denominarlos anticirculación– de Manuela Carmena. Dicha demanda sigue abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La reacción de los entornos de Podemos fue llamativamente agresiva. Por cuestionar la dudosa política de la capital se nos acusó de ser insensibles a aspectos como el medioambiente o la salud. Un socorrido argumento que más bien parece una coartada y que carece de la más mínima veracidad. Quienes discrepamos de estos protocolos y ordenanzas, no sólo no somos insensibles al medioambiente, –el Ayuntamiento de Alcorcón lleva años de adelanto al Ayuntamiento de Madrid en la puesta en marcha de medidas de protección ambiental como pueden ser un plan de calidad del aire, mapa local estratégico del ruido y el plan de movilidad urbano sostenible, bonificaciones a los vehículos menos contaminantes, entre otras medidas–, ni el Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo, precisamente, de compromiso medioambiental. Por tanto, ni el medio ambiente, ni la salud, pueden utilizarse como un muro más para acallar la crítica que en democracia tiene que ser aceptada incluso por Podemos, que poco ha hecho por mejorar, por ejemplo, eltransporte público.

De lo que se trata ahora es de intentar mitigar el daño de estas medidas a la movilidad ciudadana, a los derechos de los vecinos de Madrid y de los municipios cercanos –sólo el sur metropolitanoconcentra más de un millón de habitantes– y a la propia economía regional. Ningún municipio es dueño de sus límites, ningun alcalde tiene derecho a cerrar sus fronteras a los municipios vecinos, ninguna ciudad puede comportarse como una mala vecina del resto. ¿Quéestáhaciendo Manuela Carmena con la tradicional hospitalidad y apertura madrileñas? Algunas ideologías gustan mucho de levantar muros, pero cuando se ponen en marcha medidas que afectan a otras ciudades, el impacto territorial ha de ser sometido a unos controles que aseguren o mitiguen cualquier exceso o injerencia. ¿Quéocurriría si los Alcaldes vecinos de Madrid decidiéramos hacer lo mismo que estáhaciendo Carmena? No se nos ocurre porque entendemos que, en una sociedad integrada, cohesionada y abierta, hay que tender puentes, crear vínculos y abrir cauces con las ciudades vecinas, en lugar de establecer muros, restricciones y prohibiciones maniáticas arbitrarias, como esos semáforos en la A-5 que sólo van a generar atascos y más contaminación de la que supuestamente pretenden evitar. Por eso demandamos esta política hace dos años y por eso ahora la hemos reprobado en el Pleno municipal de Alcorcón. Las ciudades modernas reclaman menos muros y más pasarelas, menos prohibiciones y más hermandad.

Las medidas que estáadoptando el Ayuntamiento de Madrid no han sido ni siquiera comentadas, mucho menos consensuada, con las ciudades que tenemos frontera con la Capital; simplemente han sido impuestas, sin la más mínima previsión, ni respeto institucional. Asíno se puede.

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